El Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca, construido en el altiplano orureño con una inversión superior a 8 millones de dólares, se ha convertido nuevamente en uno de los símbolos del debate sobre el uso de recursos públicos en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz relató que visitó personalmente el lugar y lo encontró cerrado.
“Solo encuentras un candado… más de ocho millones de dólares que se gastaron en un tinglado que nadie utiliza”, afirmó el mandatario al referirse al complejo levantado en la localidad natal del expresidente Evo Morales.
El museo es apenas uno de los ejemplos citados por el Gobierno al presentar un decreto que elimina 161 normas que habilitaban contrataciones directas sin licitación, un mecanismo que —según el Ejecutivo— permitió adjudicar proyectos por más de 96 millones de dólares y alrededor de 7.930 millones de bolivianos durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Un sistema de decretos para contratar sin licitación
Durante la conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el Ejecutivo realizó un inventario de decretos que habilitaban contrataciones directas para proyectos específicos o para determinados sectores del Estado.
De acuerdo con el reporte oficial, 105 de esos decretos no establecían montos límites, lo que permitía utilizarlos en cualquier momento para adjudicar contratos sin procesos de licitación pública.
“Eran instrumentos que podían ser utilizados en todo momento para entregar contratos a quien la autoridad de turno decidiera”, explicó Lupo
