La Ley 1720 ha generado un foco de conflicto para el Gobierno. La norma es rechazada por sectores indígenas, campesinos y sindicales, porque consideran que afecta a las pequeñas tierras; mientras que el sector agro del oriente ya se ha pronunciado en defensa de la ley y advierten con medidas de presión progresivas.
Dicha ley habilita la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas, habilitando que puedan ser objeto de compraventa y crédito bancario. Los que rechazan la norma argumentan que pone en riesgo a las pequeñas tierras sometiéndolas a reglas de mercado, pero los que defienden la ley señalan que la conversión es voluntaria y permite decidir de manera libre sobre las propiedades para obtener financiamiento productivo.
El conflicto ingresó a otra etapa después de que el Gobierno abrió la posibilidad de abrogar la norma, mediante un acuerdo con una confederación de campesinos. Este hecho encendió las alarmas en el sector productivo del oriente, que anunció defensa de la norma.
Los marchistas que llegaron a La Paz desde el norte del país han instalado un piquete de protesta en el centro paceño. Afirman que seguirán en el lugar, hasta que se abrogue la ley. Cuentan con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de parlamentarios que comparten su pedido.
Entre tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció en defensa de la Ley 1720 y contra el Decreto 5613, que dispone lineamientos para la titulación de tierra en Beni y Pando, que fue promulgada en el marco de un acuerdo entre el Gobierno y parte de los marchistas.
