La historia del movimiento obrero boliviano está llena de masacres perpetradas primero por los gobiernos de la feudal burguesía, anteriores a la revolución de 1952 dirigida por los obreros bajo el planteamiento de la Tesis de Pulacayo de la necesidad de instaurar en Bolivia el gobierno obrero-campesino para sacar al país de su condición de capitalismo atrasado, entonces dominado por el capital financiero a través de los Barones del Estaño: Simón Iturri Patiño (El «Rey del Estaño»), uno de los hombres más ricos del mundo cuyos sus centros de decisión financiera estaban en el extranjero (la empresa Patiño Mines and Enterprises Consolidated, Inc.); Mauricio Hochschild, empresario e ingeniero de origen judío-alemán que llegó a Bolivia a principios del siglo XX y Carlos Víctor Aramayo perteneciente a una de las familias tradicionales más ricas de Bolivia, vinculada originalmente a la minería de la plata. El poder de estos magnates, tentáculos del imperialismo, lejos de promover el desarrollo del país, se apoyaba en el sistema heredado de la colonia, de explotación de los indígenas convertidos en siervos (pongos).
La revolución de 1952, echó del poder a la feudal-burguesía, pero entregó el gobierno al MNR. El nefasto burócrata Juan Lechín que dirigía el ala obrerista de la COB, se dio modos para arrastrar al movimiento obrero al planteamiento “nacionalista” burgués consistente en salvar el orden capitalista. Indemnizó a los Barones de Estaño por la nacionalización de las minas, parceló la tierra de los latifundistas para entregarla a los campesinos como pequeña propiedad familiar (minifundio), reorganizó el ejército destruyendo las milicias obrero-campesinas y recurrió al apoyo del imperialismo para superar la crisis económica que implicaba la restructuración de la minería nacionalizada con medidas antiobreras de reducción de salarios, despidos y cierre de algunas minas. La arremetida pronto chocó con el movimiento minero y el gobierno recurrió a la represión contra los trabajadores en Sora Sora por el “nuevo” ejército que, según la demagogia lechinista, había sido organizado para la defensa de los intereses del pueblo y de la revolución.
Cuando el gobierno movimientista perdió el control de las masas, del seno de ese nuevo ejército, surgió el gorilismo para reducir con sangre al movimiento minero.
“El 24 de junio de 1967, durante el gobierno del gorila Barrientos, tropas del ejército asaltaron el campamento de Siglo XX, cuando los obreros festejaban la tradicional noche de San Juan. El totalitarismo militar estaba empeñado en ahogar en sangre a las masas que una y otra vez se levantaban contra la represión. Los mineros preparaban un ampliado y se dijo que de él saldría un apoyo a los que iniciaron la lucha armada en Ñancahuazú.
“Una de las emergencias de la Masacre de San Juan fue el apresamiento y posterior asesinato del líder minero y revolucionario Isaac Camacho.” (Diccionario Político, G. Lora)
“Todo comenzó cuando las familias mineras se retiraban a dormir después de haber festejado el solsticio de invierno alrededor de las fogatas, donde se bailó y cantó al ritmo de cuecas y wayños, acompañados con ponches de aguardiente, comidas típicas, coca, cigarrillos, cachorros de dinamita y cohetillos. Mientras esto sucedía en la población civil de Llallagua y los campamentos de Siglo XX, las tropas del regimiento Ranger y Camacho, que horas antes habían tendido un cerco al amparo de la noche, abrieron fuego desde todos los ángulos, dejando un saldo de una veintena de muertos y setenta heridos entre las punzadas del frío y los silbidos del viento.
“La matanza duró varias horas bajo el sol del 24 de junio. Los muertos se desangraban junto a las cenizas de las fogatas y los heridos acudían al hospital, mientras las madres, aterradas por los disparos y los gritos, intentaban calmar el miedo y el llanto de sus hijos. En medio del caos y el espanto, no faltaron los hombres que, en un intento desesperado por defenderse, se armaron de dinamitas y capturaron a algunos soldados, a quienes les despojaron de sus uniformes y les quitaron sus armas. Pero todo hacía suponer que era ya demasiado tarde para preparar una resistencia organizada. En la Plaza del Minero se llenaron los soldados y la jurisdicción de la provincia Rafael Bustillo fue declarada Zona Militar (presencia permanente del ejército).”
(Victor Montoya, en Crónicas Mineras).
