Chuquisaca decidió abrir el debate nacional sobre la redistribución de los recursos públicos con una propuesta técnica que busca convertirse en una base de consenso para la implementación del esquema de redistribución fiscal 50/50 impulsado por el Gobierno. A pocos días de recibir a las principales autoridades del país por los actos conmemorativos del Bicentenario de Bolivia, el departamento presentó un planteamiento elaborado por especialistas de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y respaldado por las principales instituciones políticas, cívicas y sociales de la región.
La iniciativa pretende ofrecer una alternativa de consenso frente a uno de los debates más complejos del proceso autonómico boliviano: la distribución de los recursos públicos entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. A diferencia de otras propuestas formuladas en años anteriores, el documento prioriza la construcción de acuerdos graduales y evita incorporar temas que podrían dificultar el consenso político, como la modificación del régimen de competencias establecido por la Constitución Política del Estado.
La secretaria departamental de Planificación de la Gobernación de Chuquisaca, Daniela Carrasco, explicó que el documento es el resultado de varios meses de trabajo técnico y de la evaluación de diferentes escenarios de distribución mediante un simulador desarrollado por la Universidad San Francisco Xavier.
«Es una propuesta en la que todos ganamos y todos perdemos; o, mejor dicho, todos cedemos», afirmó la autoridad al explicar el principio que orientó la construcción del planteamiento.
Según detalló, inicialmente fueron analizados cuatro modelos distintos de redistribución fiscal. Sin embargo, tras la posesión del gobernador Luis Ayllón se incorporó una quinta alternativa que permitió acercar posiciones entre las autoridades departamentales y municipales y consolidar una propuesta con mayor respaldo institucional.
Distribución del 50% para las entidades subnacionales
El eje central del documento consiste en redefinir la distribución del 50% de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria destinados a gobiernos subnacionales y universidades públicas.
La propuesta establece que ese porcentaje sea distribuido de la siguiente manera: un 27% para los gobiernos municipales, un 12% para las nueve gobernaciones, un 10% para el sistema de universidades públicas y un 1% para los pueblos indígena originario campesinos.
El restante 50% permanecería bajo administración del Gobierno central para financiar las competencias nacionales y el funcionamiento del aparato estatal.
No obstante, la propuesta plantea que esta redistribución vaya acompañada por un fortalecimiento efectivo de la autonomía financiera y administrativa de gobernaciones y municipios, permitiendo que las entidades territoriales dispongan de mayores capacidades para ejecutar inversiones y responder a las necesidades de sus regiones.
Equidad territorial y compensación
Uno de los aspectos que los impulsores consideran más importantes del documento es la incorporación de criterios de equidad territorial dentro del nuevo modelo de distribución.
Además del criterio poblacional, el planteamiento propone crear un Fondo de Compensación destinado a reducir las brechas entre municipios con diferentes niveles de desarrollo económico y capacidad fiscal.
Este mecanismo equivaldría al 5% de los recursos nacionales. De ese total, el 3% sería financiado por el Tesoro General de la Nación, mientras que el 2% restante provendría de aportes de gobernaciones y municipios con mejores indicadores económicos.
Los recursos serían destinados prioritariamente a municipios con elevados índices de pobreza, menor capacidad de generación de ingresos propios y mayores limitaciones para financiar proyectos de desarrollo.
Según Carrasco, el objetivo es que la redistribución fiscal no solo incremente los recursos de las entidades subnacionales, sino que también contribuya a reducir las desigualdades históricas entre regiones.
Alivio a la deuda subnacional
La propuesta también incorpora un componente financiero destinado a aliviar la situación económica de gobernaciones y municipios que actualmente enfrentan elevados niveles de endeudamiento.
El documento plantea un mecanismo gradual de reducción de las obligaciones financieras que las entidades territoriales mantienen con el Estado, incluyendo la posibilidad de que parte de esas deudas sea asumida por el nivel central conforme avance la implementación del nuevo pacto fiscal.
La medida busca liberar recursos para inversión pública y mejorar la sostenibilidad financiera de los gobiernos subnacionales, muchos de los cuales enfrentan restricciones presupuestarias derivadas de la disminución de ingresos en los últimos años.
Sin modificar el régimen de competencias
Uno de los elementos estratégicos del planteamiento es la decisión de dejar fuera, al menos en esta primera etapa, el debate sobre la transferencia o devolución de competencias entre el nivel central y las entidades territoriales.
Los promotores consideran que incorporar esa discusión podría retrasar o incluso impedir la construcción de consensos en torno a la redistribución de recursos.
Modificar el actual régimen competencial implicaría abrir un proceso de reforma constitucional o impulsar un amplio paquete legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, escenarios que actualmente aparecen condicionados por la fragmentación política y la dificultad para alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas representadas en el Parlamento.
Por ello, la propuesta concentra sus esfuerzos exclusivamente en la distribución de los recursos fiscales, dejando para una etapa posterior cualquier discusión relacionada con las competencias institucionales.
Respaldo institucional
El documento cuenta con el respaldo del Consejo Chuquisaqueño, instancia que reúne a instituciones públicas, organizaciones cívicas, sectores sociales y representantes políticos del departamento.
Asimismo, recibió el apoyo de la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, y de los alcaldes de los demás municipios chuquisaqueños, quienes participaron en la construcción de consensos antes de su presentación oficial.
Las autoridades consideran que este respaldo institucional fortalece la legitimidad de la propuesta y aumenta sus posibilidades de convertirse en un insumo para el debate nacional.
Hacia la mesa técnica del Bicentenario
La propuesta será presentada en la mesa técnica convocada por la Presidencia del Estado como parte de las actividades preparatorias para el encuentro nacional previsto para el 5 de agosto en el Salón Rojo de la Gobernación de Chuquisaca.
Ese espacio reunirá a representantes del Gobierno nacional, gobernaciones, municipios y universidades públicas con el propósito de construir un primer acuerdo sobre la redistribución fiscal y avanzar en la definición de un nuevo pacto entre el nivel central y las entidades territoriales.
La reunión forma parte de la agenda oficial por los 201 años de la independencia de Bolivia y constituye uno de los primeros escenarios institucionales donde comenzará a discutirse formalmente la propuesta del esquema 50/50, una de las principales iniciativas de reforma impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
Con este planteamiento, Chuquisaca busca posicionarse como uno de los principales actores del debate nacional sobre la reforma fiscal y aportar una propuesta técnicamente sustentada que permita avanzar hacia un modelo de distribución de recursos basado en criterios de equilibrio territorial, sostenibilidad financiera y fortalecimiento de las autonomías.
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