El primer intento por abrogar la Ley 1720, de conversión de tierras, fracasó anoche en la Cámara de Diputados, donde no se logró los dos tercios para tratar de forma urgente y con dispensación de trámite el proyecto de ley que busca anular la norma. Hay posturas bien marcadas y divididas a favor y en contra.
Mientras tanto, el bloque de organizaciones de la cadena productiva de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia en rechazo a la posible abrogación. Los cívicos y el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, cierran filas, mientras que para el Gobierno nacional se abre un nuevo frente de conflicto, esta vez con la región productora más grande del país.
El grupo de campesinos de Pando y Beni que hace una semana llegó a la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno que se abrogue la Ley 1720 ganó la primera pulseta al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que aceptó abolir la norma que dispone mediante el INRA la conversión voluntaria de pequeñas a medianas propiedades.
