Economía y el “50-50”, entre los puntos clave del mensaje del 6 de Agosto

El estado de la economía y el esquema “50-50” son dos de las líneas que seguirá el mensaje del presidente Rodrigo Paz este 6 de Agosto, 201 aniversario de la independencia de Bolivia. Justamente, en la víspera del aniversario patrio, el mandatario reunirá a los gobernadores de todo el país para hablar de la propuesta de redistribución de recursos y descentralización.

En un contacto con CORREO DEL SUR, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, remarcó que realizar los anuncios corresponde al primer mandatario, pero, consultado sobre las áreas en torno a las cuales girará el mensaje, remarcó que “hay cosas que se vienen trabajando para proponer, en el marco del 50-50. Hay un informe extenso de lo avanzado en cada una de las áreas o ministerios”.

La invitación a los gobernadores fue lanzada por Paz, quien ratificó, en apariciones públicas recientes, la convocatoria para el 5 de agosto, en Sucre. La invitación a los gobernadores fue lanzada por Paz, quien ratificó, en apariciones públicas recientes, la convocatoria para el 5 de agosto, en Sucre.

El viernes, en San Ignacio de Velasco, anticipó que, tras la cita del 5, se sentará con cada alcalde para “la estructuración de la derrota definitiva del Estado tranca”, y añadió que para ello “se requiere una gran alianza”. En una entrevista con El Deber, ese mismo día, afirmó que ofrecerá a los gobernadores “colaboración absoluta” y que su propósito es acabar con el centralismo, pero “de forma ordenada”. En ese sentido, calificó el 5 de agosto como el inicio de un proceso e insistió en que “el debate no puede limitarse a cuánto dinero se reparte; debe incluir cómo cada región genera las capacidades necesarias para desarrollarse”.

Paz no ha sido específico sobre la ruta hacia el 50-50, base de su oferta electoral, aunque dio una pauta esta semana tras la aprobación, en el Senado, del proyecto de Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, que dispone que el pago de los prediarios a las personas privadas de libertad y del bono de vacunación dejen de ser una obligación de las gobernaciones y pasen a ser asumidas por el Órgano Ejecutivo.