El Gobierno descartó la destitución del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, pese a la censura aprobada este martes por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Ejecutivo sostiene que la decisión legislativa no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) y, por tanto, considera que no corresponde ejecutar la salida del ministro de sus funciones.
La posición fue expresada de manera categórica por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aseguró que Espinoza continúa ejerciendo plenamente sus funciones y que no existe, por el momento, una determinación que obligue al Ejecutivo a proceder con su destitución.
“El ministro José Gabriel Espinoza sigue en total ejercicio de sus funciones, porque no corresponde de acuerdo a la sesión dada y, de todos modos, una vez que tomase la decisión, si lo hiciera, la Asamblea debería proceder a la acción del Ejecutivo y eso no ha sucedido; por lo tanto, está en plena función”, afirmó el portavoz gubernamental.
GOBIERNO CUESTIONA EL NÚMERO DE VOTOS
La controversia surgió luego de que, al mediodía de este martes, la Asamblea Legislativa aprobara el denominado “orden del día motivado”, mediante el cual se estableció la censura del ministro de Economía.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que la votación no alcanzó el número de votos requerido por la Constitución para que una censura tenga efectos sobre la continuidad de un ministro. Según la interpretación expuesta por Gálvez, el artículo 158 de la CPE establece un requisito que no fue cumplido durante la sesión legislativa.
De acuerdo con el vocero presidencial, para aprobar la censura se requerían 111 votos, mientras que la votación registrada alcanzó únicamente 91 respaldos.
“Por lo tanto, la cantidad de votos necesarios para censurar a un ministro es 111 y hoy en la sesión solo se alcanzaron 91 votos de censura, de un total de 130 diputados y 36 senadores, alcanzando un 55% del total de los asambleístas titulares elegidos conforme a ley”, explicó Gálvez.
A partir de esta interpretación, el Ejecutivo considera que cualquier resolución de censura emitida sobre la base de esos resultados carecería de sustento constitucional.
“Esto implica que cualquier resolución de censura que se emita en función de esos resultados es inconstitucional”, sostuvo el vocero presidencial.
OPOSICIÓN EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LA CENSURA
La decisión del Gobierno generó cuestionamientos de sectores de la oposición y del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quienes reclamaron al Ejecutivo el cumplimiento de la determinación adoptada por la Asamblea Legislativa.
Los sectores que respaldan la censura sostienen que los votos obtenidos durante la sesión representan más de dos tercios de los legisladores presentes y, por tanto, consideran que corresponde aplicar la medida y disponer la destitución inmediata del ministro Espinoza.
De esta manera, el conflicto se centra principalmente en la interpretación del requisito constitucional: mientras el Gobierno sostiene que debe considerarse el total de los asambleístas titulares para establecer el número de votos necesarios, quienes respaldan la censura toman como referencia la cantidad de legisladores presentes durante la sesión.
La diferencia de criterios abre un nuevo escenario de tensión entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, debido a que ambas instancias mantienen posiciones contrapuestas respecto al alcance y la validez de la decisión adoptada.
ANTECEDENTES DE CENSURAS MINISTERIALES
La discusión sobre los efectos de una censura legislativa no es nueva en Bolivia. Existen antecedentes recientes en los que ministros fueron censurados por la Asamblea y posteriormente apartados de sus cargos por decisión del Ejecutivo.
Uno de los casos ocurrió el 14 de octubre de 2020, cuando el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue censurado con dos tercios de los votos de los legisladores presentes. Tras la determinación legislativa, fue destituido del cargo, aunque posteriormente la entonces presidenta Jeanine Áñez volvió a posesionarlo como ministro.
Durante ese periodo, Wilson Santamaría, actual viceministro, ejerció temporalmente el cargo de ministro de Gobierno mientras se produjo la ausencia de Murillo.
Otro antecedente se registró en junio de 2023, cuando la Asamblea Legislativa censuró al entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En aquella oportunidad, se tomó como referencia la cantidad de legisladores presentes en la sesión: de los 144 asambleístas asistentes, 101 votaron a favor de la censura.
Al igual que ocurrió con Murillo, el entonces presidente Luis Arce decidió destituir a Del Castillo y, al día siguiente, volvió a posesionarlo en el mismo cargo.
Estos antecedentes forman parte del debate actual, particularmente respecto a la forma en que debe contabilizarse la votación necesaria para que una censura ministerial produzca efectos.
ESPINOZA CONTINÚA EN FUNCIONES
Mientras persiste la controversia jurídica y política, el Gobierno sostiene que José Gabriel Espinoza continuará desempeñando sus funciones como ministro de Economía.
El Ejecutivo considera que la decisión adoptada por la Asamblea no reúne las condiciones necesarias para obligar a la destitución y, por ello, mantiene su respaldo a la continuidad de la autoridad.
La controversia podría trasladarse ahora a instancias constitucionales, donde deberá definirse cuál es la interpretación correcta respecto al número de votos necesarios para aprobar una censura ministerial y cuáles son sus efectos sobre la continuidad de una autoridad del Ejecutivo.
Por el momento, la posición oficial del Gobierno es que Espinoza permanece en el cargo y continuará ejerciendo sus funciones, mientras la Asamblea y sectores políticos que respaldaron la censura insisten en que corresponde acatar la decisión legislativa.
El conflicto deja nuevamente en evidencia las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto a la aplicación e interpretación de las disposiciones constitucionales que regulan la fiscalización y censura de ministros de Estado.
