El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5630, que instruye a las entidades financieras atender solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de créditos de prestatarios afectados por los bloqueos y otros eventos adversos; sin embargo, sectores sociales exigen garantías para evitar que los intereses acumulados durante los períodos de gracia terminen incrementando la carga de la deuda.
“Se ha decidido a través del gabinete el decreto para la reprogramación de deudas en todo el país”, anunció el presidente Rodrigo Paz y remarcó que el efecto de la medida apunta a beneficiar a todos los sectores productivos con una deuda en el sistema financiero.
La norma establece que las operaciones reprogramadas o refinanciadas podrán incluir hasta seis meses sin pagos de capital, intereses, seguros ni otros cargos, con el objetivo de otorgar un margen de recuperación económica a los prestatarios afectados.
Sin embargo, establece que los intereses, seguros y demás cargos que no sean pagados durante ese período deberán cobrarse posteriormente. El monto podrá distribuirse en cuotas futuras o compensarse mediante una ampliación del plazo del crédito. Además, la tasa de interés deberá mantenerse en las mismas condiciones pactadas originalmente.
Diferentes sectores sociales coinciden en respaldar la iniciativa, pero advierten que el beneficio perdería efectividad si termina traduciéndose en mayores pagos una vez concluido el período de gracia.
Durante una reunión sostenida este martes con autoridades del Gobierno representantes del transporte insistieron en que su prioridad es lograr una suspensión temporal de obligaciones que no derive en intereses adicionales. El encuentro concluyó con un cuarto intermedio hasta el jueves.
