Las primeras mesas técnicas instaladas entre el Gobierno nacional y la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) concluyeron con dos definiciones centrales: la continuidad temporal de los planes de pago para preservar la estabilidad financiera del sector y el inicio de procesos administrativos y legales contra empresas que habrían modificado contratos previamente certificados por el Estado para incorporar cláusulas consideradas abusivas.
Los acuerdos fueron anunciados por los ministros de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, al término de una reunión de trabajo con representantes de la CBDI, convocada para atender las denuncias formuladas por compradores de terrenos y viviendas y establecer mecanismos que permitan proteger tanto la inversión privada como los derechos de los consumidores.
El encuentro marcó el inicio de una agenda de coordinación entre el Ejecutivo y el sector inmobiliario con el propósito de enfrentar las dificultades surgidas en el mercado, fortalecer la seguridad jurídica y preservar una actividad económica que genera miles de empleos y mantiene una amplia cadena de proveedores.
Preservar la cadena de pagos
Durante la reunión, las autoridades analizaron el impacto económico de la actividad inmobiliaria y coincidieron en la necesidad de evitar una interrupción de la cadena de pagos que pudiera afectar tanto a las empresas desarrolladoras como a las familias que actualmente cumplen obligaciones derivadas de la adquisición de viviendas o terrenos.
De acuerdo con información presentada por la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, el sector genera más de 130.000 empleos directos, alrededor de 300.000 indirectos y moviliza aproximadamente 40 actividades económicas vinculadas a la construcción, la producción de materiales, el transporte, los servicios financieros y otras áreas relacionadas con el desarrollo urbano.
Ante ese escenario, el Ministerio de Economía confirmó que durante agosto continuarán vigentes los planes de pago previamente acordados con las empresas afiliadas a la CBDI, mientras avanzan las mesas técnicas destinadas a revisar los casos observados y consolidar soluciones que permitan mantener la estabilidad del sector.
El ministro José Gabriel Espinoza explicó que el objetivo del Gobierno es preservar la confianza de compradores e inversionistas sin paralizar la actividad económica ni afectar el cumplimiento de los contratos celebrados conforme a la normativa vigente.
Detectan modificaciones irregulares
Uno de los principales resultados de las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor fue la identificación de contratos que habrían sido alterados después de obtener la certificación oficial que acreditaba la inexistencia de cláusulas abusivas.
Según informó el ministro Óscar Mario Justiniano, las investigaciones permitieron detectar casos en los que empresas modificaron posteriormente los documentos inicialmente aprobados, eliminando garantías para los compradores e incorporando nuevas condiciones consideradas desfavorables para los consumidores.
Las observaciones fueron detectadas durante las verificaciones efectuadas por personal técnico de Defensa del Consumidor, que actualmente revisa de manera individual cada uno de los contratos denunciados.
«No se puede meter en la misma bolsa al sector inmobiliario serio con piratas que entraron al rubro para hacer las cosas mal y aprovecharse de las familias», afirmó Justiniano.
La autoridad indicó que las investigaciones continuarán caso por caso y anunció que los primeros informes oficiales serán dados a conocer en los próximos días.
Procesos administrativos y legales
El Gobierno aclaró que la existencia de un contrato firmado entre una empresa y un comprador no implica automáticamente que dicho documento mantenga plena validez jurídica cuando ha sido modificado respecto de la versión previamente certificada por la autoridad competente.
Justiniano recordó que el certificado emitido por Defensa del Consumidor únicamente garantiza que el documento presentado para su revisión no contenía cláusulas abusivas en el momento de la evaluación.
En consecuencia, cualquier modificación posterior será sometida nuevamente a revisión técnica y, si se comprueba la incorporación de condiciones contrarias a la normativa de protección al consumidor, se iniciarán los procedimientos administrativos y las acciones legales que correspondan.
El Ejecutivo señaló que las sanciones estarán dirigidas exclusivamente contra las empresas responsables de esas irregularidades, evitando afectar a desarrolladoras que hayan actuado conforme al marco legal.
Seguridad jurídica para empresas y compradores
Por su parte, el ministro Espinoza ratificó que el Gobierno garantizará seguridad jurídica tanto para las familias que adquirieron inmuebles de buena fe como para las empresas que desarrollan sus actividades respetando la legislación vigente.
Explicó que las mesas técnicas continuarán funcionando durante las próximas semanas con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, preservar la liquidez del sector y evitar que los conflictos detectados afecten al conjunto de la actividad inmobiliaria.
Asimismo, señaló que uno de los principales objetivos de la revisión es diferenciar claramente a las empresas que cumplen la normativa de aquellas que incurrieron en prácticas irregulares.
Según el titular de Economía, esa diferenciación resulta fundamental para mantener la confianza en un sector considerado estratégico por su contribución al empleo, la inversión privada y el acceso de las familias bolivianas a soluciones habitacionales.
Agenda conjunta para fortalecer el sector
La Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios expresó su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno en la construcción de una agenda orientada a fortalecer el financiamiento habitacional, generar mejores condiciones para la inversión privada y consolidar políticas públicas que impulsen el desarrollo del mercado inmobiliario.
Las mesas técnicas también evaluarán mecanismos para mejorar los sistemas de certificación contractual, reforzar los controles preventivos y generar mayores garantías para compradores y desarrolladores, con el propósito de reducir conflictos y fortalecer la transparencia en las operaciones inmobiliarias.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca combinar la protección efectiva de los derechos de los consumidores con la preservación de un sector que desempeña un papel relevante en la generación de empleo, la dinamización de la economía y el desarrollo urbano del país.
