Santa Cruz y el resto del país volvieron a chocar por el futuro de la Ley 1720. Después de que Diputados aprobó su abrogación impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno de Rodrigo Paz con los sectores en protesta, la institucionalidad cruceña cerró filas, se declaró en emergencia y busca trasladar esta disputa política al Senado, en una jornada marcada por la defensa del modelo autonómico y señales de confrontación regional en torno al control de la tierra y de la producción.
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Fernando Pareja, informó que durante la sesión se aprobó un voto resolutivo de respaldo a la Ley 1720 y de rechazo a su abrogación. La resolución fue respaldada por 43 de los 44 parlamentarios presentes, de un total de 68 legisladores que integran la brigada; solo la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, no respaldó la resolución.
El documento aprobado declara a la brigada en estado de emergencia y expresa respaldo al “contenido y alcance” de la norma, dejando además a disposición de los sectores productivos, pequeños productores, instituciones cívicas y el pueblo cruceño las futuras determinaciones políticas y legislativas. Asimismo, rechaza “actitudes desestabilizadoras y antidemocráticas” que —según el texto— buscan afectar la estabilidad gubernamental y parlamentaria emergente del proceso democrático de 2025 y 2026.
