El denominado caso Maletas, en el que se investiga el ingreso de equipaje presuntamente irregular desde Estados Unidos hacia Bolivia, continúa generando nuevas revelaciones. En las últimas horas, el senador Leonardo Roca denunció que un informe incorporado a la investigación contiene inconsistencias que, a su juicio, evidencian posibles irregularidades en la autorización y el control del vuelo que arribó al país.
Según explicó el legislador, la documentación revisada establece que las autoridades bolivianas otorgaron permisos para el ingreso de una empresa específica; sin embargo, la aeronave que finalmente llegó al territorio nacional pertenecía a una compañía distinta. Para Roca, esta diferencia constituye una observación de relevancia que debe ser aclarada por las instituciones responsables de la fiscalización del vuelo.
“Se autorizó el ingreso de una empresa, pero al país llegó otra completamente diferente. Es una situación que nunca antes se había visto y que debe ser explicada”, sostuvo el senador al referirse a los antecedentes del caso.
En esa misma línea, Roca reveló que dentro de la documentación figura una persona identificada como Bruno S., cuya nacionalidad aún no ha sido establecida y que, hasta la fecha, no había sido mencionada públicamente dentro de las investigaciones. Según el informe, esta persona aparece como depositaria de origen del equipaje antes de la salida del vuelo desde California, en Estados Unidos.
“Esta persona figura como depositaria de origen de las maletas. Estamos hablando del momento previo a la salida de California y lo llamativo es que no se sabe si actuaba en representación de la empresa que obtuvo los permisos para ingresar a Bolivia o de la empresa que finalmente realizó el vuelo. Esa diferencia es precisamente uno de los aspectos que debe investigarse”, manifestó.
El legislador señaló que la presencia de este nuevo nombre abre interrogantes sobre la cadena de custodia del equipaje y sobre quiénes fueron los responsables de autorizar el traslado de las maletas desde su origen hasta su llegada a territorio boliviano.
Frente a estas observaciones, Roca insistió en que la investigación debe ampliarse para determinar las responsabilidades de todas las instituciones que participaron en el proceso de autorización, control y recepción de la aeronave. En ese sentido, mencionó a Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Cancillería, la Aduana Nacional, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Gobierno.
A criterio del senador, estas entidades debieron advertir que la aeronave que aterrizó en Bolivia no coincidía con la empresa autorizada inicialmente y, por tanto, correspondía activar mecanismos de control antes de permitir su ingreso.
“Todas estas instituciones tendrán que explicar por qué no detuvieron el avión cuando constataron que se trataba de un vuelo distinto al que había recibido la autorización correspondiente”, afirmó.
Asimismo, añadió que dentro de la lista de integrantes del vuelo tampoco figuraba la persona que aparecía en origen como depositaria del equipaje, lo que, según dijo, incrementa las dudas sobre la legalidad de la operación.
Observaciones sobre el uso de un pasaporte diplomático
Durante su declaración, Roca también hizo referencia al uso del pasaporte diplomático de la exdiputada Laura Rojas, documento que forma parte de otra de las líneas de investigación del caso.
El senador recordó que la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que señala que dicho pasaporte fue anulado el día 13; sin embargo, aseguró que, de acuerdo con la documentación revisada, la exautoridad habría utilizado ese mismo documento 16 días después de haber perdido su vigencia.
“Existe una contradicción que debe ser aclarada. Si el pasaporte fue anulado oficialmente, corresponde explicar cómo pudo ser utilizado posteriormente para realizar trámites migratorios”, indicó.
Roca añadió que existen indicios de que aproximadamente 20 días después de la anulación del documento, la exdiputada habría vuelto a utilizar el pasaporte diplomático para retirar las maletas relacionadas con la investigación.
Ante esta situación, exigió explicaciones tanto a la Cancillería como a la Dirección General de Migración para establecer por qué los sistemas de control no detectaron que el documento ya había sido invalidado y, pese a ello, permitió su utilización.
“El sistema migratorio cuenta con mecanismos de verificación que deberían alertar inmediatamente cuando un pasaporte ha sido anulado. Si eso no ocurrió, es indispensable determinar qué falló y quiénes son los responsables”, sostuvo.
Finalmente, el legislador reiteró que el caso debe ser esclarecido de manera integral y que la investigación no puede limitarse únicamente al ingreso de las maletas, sino también a las posibles irregularidades administrativas que habrían permitido el ingreso del vuelo, el traslado del equipaje y el uso de un documento diplomático presuntamente anulado. En ese sentido, pidió que el Ministerio Público profundice las pesquisas y convoque a declarar a todas las autoridades y funcionarios que participaron en los procedimientos de autorización, control migratorio, aduanero y aeroportuario para determinar si existieron omisiones o responsabilidades administrativas y penales.
